11º-22º
viernes | 15 noviembre | 2024
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La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido un juicio contra un hombre, acusado de causar lesiones a otro durante una verbena celebrada en Iñás, en el término municipal de Oleiros (A Coruña), debido a la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia.
Así lo han confirmado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press. Fiscalía pide para el encausado la pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de lesiones.
Según el escrito de calificación fiscal, el 26 de agosto de 2018, sobre las 01.45 horas, el acusado se dirigió a otro hombre para recriminarle unas palabras que le dijera a su esposa. El procesado, "con la finalidad de menoscabar la integridad física" de la víctima, le propinó un violento puñetazo en la cara, alcanzándole en la nariz.
Por la fuerza del golpe, añade, cayó al suelo "donde personas que no han podido ser identificadas le propinaron patadas", al tiempo que otras le intentaban separar del tumulto.
Además de la pena de cárcel, Fiscalía solicita para el encausado el pago de 4.400 euros a la víctima por el tiempo de curación y 6.350 euros "por las secuelas que le restan".
La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña también ha suspendido un juicio contra un abogado por un delito de estafa y falsedad en documento público y privado, debido a la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia.
Así lo han confirmado fuentes judiciales consultadas por Europa Press. Fiscalía pide para él una condena de seis años y once meses de cárcel.
El Ministerio Público sostiene que el letrado engañó a un cliente "a sabiendas de que podría suponer su ingreso inmediato en prisión". Sitúa los hechos entre 2014 y 2017 y afirma que, presuntamente, el abogado le engañó asegurándole que había hablado con la acusación particular y que, en vez de unos pagos fraccionados en relación a un pleito en el que estaba implicado, aceptaría un único pago de 3.000 euros y perdonaría el resto.
El fiscal argumenta que "no hubo dicha negociación" y que el cliente "le entregó el dinero convencido de que con eso reducía el montante total de la responsabilidad civil". También señala que el abogado confeccionó una diligencia de ordenación de un juzgado "que carecía de autenticidad".
